El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) desestima la pretensión de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y la del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
Sanitia. El TACRC, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, que ya había desestimado el recurso del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y la UTE Farmacia Sociosanitaria contra el anuncio y los pliegos publicados por la Conselleria de Sanidad para la contratación del servicio de distribución de medicamentos en las residencias de mayores, argumenta que el recurso de Aerte «no denuncia ningún incumplimiento de la normativa sobre contratación pública, fundamentándose exclusivamente en la consideración de que la licitación recurrida» viene a establecer «un sistema centralizado de preparación de dosis unitarias de medicamentos y productos sanitarios y su distribución a los centros, que impide el ejercicio del derecho de los centros de menos de cien plazas de la Comunidad Valenciana a vincular el depósito de medicamentos de su centro a una oficina de farmacia, tal y como establece la normativa estatal básica».
Como informó Sanitia (ver post del 5 de febrero de este año), el concurso en cuestión adjudicaba un contrato de una duración de 4 años y 50,8 millones de retribución para el concesionario a cambio de montar una central logística que se edificará en unos terrenos de alrededor de 6.000 metros cuadrados. Se estima que esta central tendrá una capacidad de reenvasado de más de 300.000 dosis diarias y la distribución de unos 4.000 contenedores diarios -uno por paciente, con su medicación para una semana, reenvasada y ordenada por día y hora de administración-, con unos 66 puntos diarios de entrega cinco veces a la semana de modo que se cubran las necesidades de las 330 residencias de mayores en funcionamiento en la región, tanto las públicas como las concertadas.
La Generalitat Valenciana ha revertido esta semana al sector público la gestión del Hospital de Alzira después de 20 años de concesión privada, lo que también ha provocado una batalla de recursos entre la administración regional y el el concesionario cesante, Ribera Salud.