Las nuevas noticias sobre el supuesto caso de estafa perpetrado por la cadena de salud dental Funnydent, dirigida por Cristóbal López Vivar, han caído como un jarro de agua fría sobre usuarios y asociaciones de especialistas. Poco después de que se conociese que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Navalcarnero había decretado el archivo de la causa, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) lanzaba un comunicado en el que mostraba su indignación y advertía de que «adoptará las medidas legales que estén a su alcance para evitar que el presunto delito de estafa cometido por las clínicas dentales Funnydent queden sin juzgar».
Fuentes del organismo colegial aseguran no entender que el Juzgado no haya atendido prácticamente ninguna de las peticiones de diligencias realizadas por parte de los afectados ni que ser archive el caso por una supuesta mala gestión. «Es imposible determinar la responsabilidad sin practicar las diligencias necesarias que se han solicitado», aseguran.
Por eso, el COEM ha hecho saber que recurrirá «cualquier resolución de archivo que se dicte y planteará una revisión institucional de la actuación desarrollada en este caso por parte del Juzgado y el Ministerio Fiscal». Es más, en los próximos días esta entidad instará a la realización de nuevas diligencias de investigación, «aportando hechos que se han conocido tras indagaciones realizadas durante los últimos meses», afirma el comunicado.
Malas praxis en el sector odontológico
El caso Funnydent se ha convertido en un suma y sigue dentro del mundo de la salud dental low cost. Desde el encontronazo de Vitaldent con la justicia, y todavía más tras el cierre de las clínicas Funnydent (que ha dejado casi a 2.500 clientes sin sus tratamientos y un agujero de 8,8 millones de euros), este tipo de negocios se han colocado bajo la lupa de organismos colegiales que denuncian la más mínima irregularidad.
Un ejemplo es el que protagonizaban hace unos días Fresh Dent y Solman 1010, sancionadas con multas de más de 5.000 euros cada una por publicidad engañosa. «Esta nueva situación vuelve a poner de manifiesto las escasas garantías que existen en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la titularidad de los centros sanitarios y, en particular, de las clínicas dentales, que redundan en un perjuicio de los pacientes», apuntan desde el COEM. Y añaden: «Es el momento de abordar una reforma en profundidad de la titularidad profesional de las clínicas, para evitar que existan más fraudes a pacientes y que estos hechos queden impunes».