La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), encargada de llevar a cabo la llamada ‘Operación Osvaldos’ en la que han sido detenidas nueve personas, entre ellas el exgerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco, tiene entre manos información candente sobre catorce empresas vinculadas al centro sanitario durante su mandato. Entre ellas se encuentran Roche Farma, Roche Diagnostics, Toshiba Medical y Jansen Cilags, según fuentes cercanas al hospital.
En concreto, estas sociedades están en el punto de mira de las fuerzas de seguridad por formar parte del grupo de empresas con las que se hicieron con contratos, licitaciones, adjudicaciones y concursos públicos de suministro de material durante la gerencia de Blasco. Sanitia ha intentado contactar con todas las compañías mencionadas, pero ninguna ha contestado al respecto.
Más de 13 millones de euros malversados
Sergio Blasco es sobrino del exconseller Rafael Blasco, que cumple condena por malversar fondos destinados a cooperación internacional. El exgerente del Hospital General de Valencia dejó su cargo en noviembre de 2014 tras la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia por una supuesta relación en adjudicaciones para la construcción de dos hospitales en Perú, tras una denuncia presentada por Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción.
Este mismo juzgado investiga también una supuesta trama vinculada a Blasco por un posible caso de malversación de caudales públicos que se podría haber producido en la adjudicación de varios contratos.
Según Esquerra Unida, dos meses antes de abandonar la Conselleria de Sanidad, Rafael Blasco firmó un contrato con el empresario detenido Miguel Sanfélix García para la gestión integral de la logística del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por un importe de 10,5 millones de euros y un periodo de doce años.
Fuentes de partido político aseguran que el contrato fue ampliado en 2009 en 3,1 millones de euros mediante un anexo firmado entre Sergio Blasco y el empresario Miguel Sanfélix, que otorgaba a la presunta trama la recogida de residuos. Un servicio que la empresa de Sanfélix no ofrecía y que hubo que subcontratar, dejando sin justificar más de 600.000 euros.